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Juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto este lunes juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La magistrada se sentará en el banquillo ante un jurado popular. El juez asegura que Begoña Gómez 'proyectaba simultáneamente su posición institucional de mujer del presidente del Gobierno, su actividad académica en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público' en beneficio propio. La investigación, que ha durado casi dos años y medio, concluye con la apertura de juicio oral para Gómez y para su asistente, Cristina Álvarez, quien será juzgada solo por malversación. El juez Peinado rechazó las quejas de la defensa de ambas acusadas, considerando que no era el momento procesal para alegar sobre la validez del escrito de apertura de juicio. Moncloa, sede del Gobierno, ha 'condenado' la decisión judicial, calificándola de 'arbitraria e injusta' y señalando que responde a una 'persecución judicial' por ser la mujer del presidente del Gobierno. Las fuentes de Moncloa también criticaron que el auto de apertura de juicio coincidiera con un viaje internacional del presidente Sánchez, lo que consideraron como una 'intención política, el acoso y la deshumanización' en la instrucción. La defensa de Gómez pide su absolución y que se condene en costas a la acusación por su 'temeraria actuación procesal', mientras que la asesora de Gómez sostiene que no cometió delito. El juez Peinado se basa en resoluciones de la Audiencia de Madrid que han venido reconduciendo su investigación, destacando que la relación de parentesco con el presidente del Gobierno puede comportar una 'presión moral eficiente' para el delito de tráfico de influencias. La investigación se centra en la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, vinculada a un software desarrollado en su seno, donde Gómez actuó como 'promotora, directora e interlocutora principal' mientras que Álvarez fue 'apoyo operativo' en actividades relacionadas con empresas y entidades del sector tecnológico. El juez concluye que se han investigado 'conductas propias de regímenes absolutistas' y que existe una 'actuación conjunta y convergente' de ambas acusadas en la gestión del proyecto vinculado a la cátedra y al software.

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Juez envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, por tráfico de influencias y malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que decide enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Según el auto, el magistrado considera acreditado indiciariamente que Gómez se apropió de un software de la Universidad Complutense de Madrid, apoyó a la consultora Barrabés para que obtuviera contratos públicos y utilizó a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez Rodríguez, en beneficio propio. La defensa de Gómez había cuestionado la validez del escrito acusatorio presentado por Hazte Oír, argumentando que no cumplía con los requisitos para abrir un juicio oral, ya que incluía referencias a atestados policiales y declaraciones de la instrucción. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa, pero Hazte Oír, que reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, insistió en la apertura del juicio. El juez Peinado, cuya jubilación está prevista para el 27 de septiembre, ha sido criticado por su lenguaje en el auto, en el que compara la conducta de Gómez con regímenes absolutistas, mencionando el reinado de Fernando VII. El PSOE ha reaccionado con dureza, acusando al juez de pretender su 'último servicio a la patria' antes de jubilarse y cuestionando la coincidencia de la decisión con el viaje internacional de Sánchez. El auto también ordena investigar la capacidad económica de Gómez y solicita sus últimas declaraciones de renta a Hacienda. La noticia ha generado amplias reacciones en redes sociales, con periodistas como Cristina P. Marcote destacando que el escrito acusatorio era jurídicamente defectuoso y no podía abrir el juicio oral.

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Juez envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, por tráfico de influencias y malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que decide enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Según el auto, el magistrado considera acreditado indiciariamente que Gómez se apropió de un software de la Universidad Complutense de Madrid, apoyó a la consultora Barrabés para que obtuviera contratos públicos y utilizó a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez Rodríguez, en beneficio propio. La defensa de Gómez había cuestionado la validez del escrito acusatorio presentado por Hazte Oír, argumentando que no cumplía con los requisitos para abrir un juicio oral, ya que incluía referencias a atestados policiales y declaraciones de la instrucción. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa, pero Hazte Oír, que reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, insistió en la apertura del juicio. El juez Peinado, cuya jubilación está prevista para el 27 de septiembre, ha sido criticado por su lenguaje en el auto, en el que compara la conducta de Gómez con regímenes absolutistas, mencionando el reinado de Fernando VII. El PSOE ha reaccionado con dureza, acusando al juez de pretender su 'último servicio a la patria' antes de jubilarse y cuestionando la coincidencia de la decisión con el viaje internacional de Sánchez. El auto también ordena investigar la capacidad económica de Gómez y solicita sus últimas declaraciones de renta a Hacienda. La noticia ha generado amplias reacciones en redes sociales, con periodistas como Cristina P. Marcote destacando que el escrito acusatorio era jurídicamente defectuoso y no podía abrir el juicio oral.

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Juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto este lunes juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La magistrada se sentará en el banquillo ante un jurado popular. El juez asegura que Begoña Gómez 'proyectaba simultáneamente su posición institucional de mujer del presidente del Gobierno, su actividad académica en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público' en beneficio propio. La investigación, que ha durado casi dos años y medio, concluye con la apertura de juicio oral para Gómez y para su asistente, Cristina Álvarez, quien será juzgada solo por malversación. El juez Peinado rechazó las quejas de la defensa de ambas acusadas, considerando que no era el momento procesal para alegar sobre la validez del escrito de apertura de juicio. Moncloa, sede del Gobierno, ha 'condenado' la decisión judicial, calificándola de 'arbitraria e injusta' y señalando que responde a una 'persecución judicial' por ser la mujer del presidente del Gobierno. Las fuentes de Moncloa también criticaron que el auto de apertura de juicio coincidiera con un viaje internacional del presidente Sánchez, lo que consideraron como una 'intención política, el acoso y la deshumanización' en la instrucción. La defensa de Gómez pide su absolución y que se condene en costas a la acusación por su 'temeraria actuación procesal', mientras que la asesora de Gómez sostiene que no cometió delito. El juez Peinado se basa en resoluciones de la Audiencia de Madrid que han venido reconduciendo su investigación, destacando que la relación de parentesco con el presidente del Gobierno puede comportar una 'presión moral eficiente' para el delito de tráfico de influencias. La investigación se centra en la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, vinculada a un software desarrollado en su seno, donde Gómez actuó como 'promotora, directora e interlocutora principal' mientras que Álvarez fue 'apoyo operativo' en actividades relacionadas con empresas y entidades del sector tecnológico. El juez concluye que se han investigado 'conductas propias de regímenes absolutistas' y que existe una 'actuación conjunta y convergente' de ambas acusadas en la gestión del proyecto vinculado a la cátedra y al software.

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¿Por qué Begoña Gómez irá a juicio con jurado popular por dos delitos?

Peinado abre juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación; Cristina Álvarez será juzgada por malversación

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¿Por qué Begoña Gómez pide su absolución antes del juicio con jurado?

Begoña Gómez solicita su absolución, niega tráfico de influencias y malversación y rebate las acusaciones antes del futuro juicio con jurado

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¿Puede el vacío legal de la primera dama absolver a Begoña Gómez?

El vacío legal de la primera dama entra en la defensa de Begoña Gómez: qué implica, cuáles son sus límites y qué peso tendría ante el jurado.

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¿Por qué Peinado obliga a rehacer la acusación contra Begoña Gómez?

La Audiencia recorta la causa de Begoña Gómez y obliga a Peinado a rehacer las acusaciones por tráfico de influencias y malversación penales.

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¿Qué dice la sentencia de David Sánchez? Os la explicamos con detalle

David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, afronta un recurso marcado por indicios, vacíos y contradicciones.

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Un magistrado analiza los límites entre ilegalidad administrativa y delito en el caso de David Sánchez

La columna de opinión firmada por el magistrado Alfonso Villagómez aborda el debate jurídico en torno a la viabilidad de una eventual acusación penal relacionada con la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. El autor reflexiona sobre la frecuente confusión entre irregularidades administrativas y delitos penales en procesos de empleo público, especialmente en casos de supuestos “enchufes” o decisiones discrecionales en la selección de personal. El texto explica que los tribunales contencioso-administrativos anulan cada año numerosos procesos de selección por desviación de poder, falta de transparencia o elaboración de plazas a medida. Sin embargo, subraya que estas situaciones suelen resolverse en el ámbito administrativo y no penal, ya que no implican necesariamente la comisión de delitos como la prevaricación o el tráfico de influencias. Para que exista responsabilidad penal, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe demostrarse una arbitrariedad grave, sin justificación razonable, algo que no siempre concurre en estos casos. La columna también menciona precedentes en los que intentos de criminalizar determinadas contrataciones públicas han sido archivados, insistiendo en la diferencia entre ilegalidad administrativa y delito. A partir de este marco, el autor cuestiona la solidez de una acusación penal en el caso analizado, incluso en el supuesto de que hubiera existido un trato de favor, algo que también pone en duda. Asimismo, se contextualiza la contratación de David Sánchez en 2017 como personal laboral en la Diputación de Badajoz, tras un proceso selectivo con varios candidatos y valoraciones técnicas, en el que obtuvo la puntuación más alta. El artículo concluye que, desde el punto de vista jurídico, resulta complejo sostener una acusación penal sin pruebas claras de arbitrariedad extrema o vulneración flagrante del procedimiento legal.