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El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y malversación
El juez Juan Carlos Peinado ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, siendo este último del que también se acusa a su asesora, Cristina Álvarez. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid considera que existen 'indicios racionales de que la única explicación razonable de la secuencia descrita es la posición relacional de la acusada', refiriéndose a la creación de una 'cátedra extraordinaria a su medida' en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a su nombramiento como directora. Este juicio se celebrará ante un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo, quienes evaluarán la acusación y emitirán un veredicto sobre la culpabilidad de la acusada. La lista de candidatos a formar parte del jurado popular se elaboró mediante sorteo en septiembre de 2024 desde la Delegación Provincial de la Oficina del Censo electoral y está disponible en la web de dicha oficina. Para ser elegido, los ciudadanos deben cumplir requisitos como ser españoles mayores de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecinos de Madrid al momento de la designación, y no tener antecedentes penales ni estar procesados. Además, la Ley establece una retribución de 67 euros por cada día de juicio, junto con indemnizaciones por gastos y la posibilidad de ausentarse del trabajo de forma justificada. No pueden formar parte del jurado personas condenadas por delito doloso sin rehabilitación, procesados, detenidos, en prisión provisional o cumpliendo pena, ni aquellos suspendidos en procedimiento penal en su cargo público. La Audiencia Provincial de Madrid será la encargada de señalar la fecha del juicio, que podría celebrarse en 2026 o 2027 según el sorteo correspondiente. El caso ha generado un amplio debate sobre la justicia y la transparencia en la política, con voces que señalan que el proceso refleja la aplicación de la ley sin distinción de posición política.
