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Retiro del Estatuto de Roma requiere reforma constitucional, no decisión presidencial

La noticia analiza la complejidad jurídica y política de la posible denuncia del Estatuto de Roma por parte de Colombia, destacando que este no es una decisión que pueda tomar el presidente mediante decreto. El artículo explica que Colombia se integró al Estatuto de Roma mediante la Ley 742 de 2002, precedida del Acto Legislativo 02 de 2001, que le dio anclaje constitucional al reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en el artículo 93 de la Constitución. La CPI es un tribunal internacional que juzga crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, pero solo en casos donde la justicia nacional no puede o no quiere investigar. El artículo señala que el retiro del tratado requeriría notificarlo por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, con efecto un año después, y que no tendría efecto retroactivo. Además, el retiro no impediría que la CPI continúe investigando hechos ocurridos antes de la salida. El texto destaca que Colombia tiene un compromiso vigente con la CPI, ya que el examen preliminar sobre el país fue cerrado en 2021 de manera condicionada, sujeto a un acuerdo de cooperación. La noticia también aborda la dimensión política de la decisión, señalando que podría alinearse con la ofensiva de Estados Unidos contra la CPI y sus acciones militares en la región, como la operación "Lanza del Sur" que ha bombardeado embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El artículo concluye que retirarse del Estatuto de Roma exigiría un trámite en el Congreso para reformar la Constitución, pasando por el control de la Corte Constitucional, lo que implica decidir si el país puede desmontar una garantía constitucional contra la impunidad de crímenes graves. El autor, Sebastián Escobar Uribe, es abogado especializado en derechos humanos y presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), con amplia experiencia en litigio estratégico y defensa de derechos humanos.

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Líderes de la oposición ecuatoriana rechazan reforma constitucional del gobierno

En Ecuador, líderes de la oposición rechazaron la propuesta del gobierno para reformar la Constitución, un tema que ha generado intensas discusiones políticas en el país. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, busca modernizar aspectos clave del marco legal, pero fue rechazada por partidos y movimientos que consideran que no refleja las necesidades reales de la ciudadanía. La decisión se tomó tras una reunión de coordinación entre los representantes de la oposición, quienes argumentaron que la propuesta no aborda problemas estructurales como la desigualdad social o la corrupción. El rechazo ha generado tensiones en el escenario político, ya que el gobierno ha insistido en la necesidad de reformar la Constitución para impulsar cambios institucionales. La oposición, por su parte, ha exigido que se convoquen consultas ciudadanas para garantizar la participación popular. Este episodio refleja la compleja dinámica política en Ecuador, donde las diferencias ideológicas y los intereses de distintos grupos han marcado la agenda pública. La situación podría derivar en nuevas negociaciones o incluso en un escenario de bloqueo institucional, lo que tendría implicaciones para la estabilidad política del país. Los analistas destacan que la reforma constitucional es un tema sensible, ya que puede afectar la distribución de poderes y las libertades fundamentales. La comunidad internacional ha mostrado interés en seguir de cerca el desarrollo de este proceso, ya que el resultado podría tener resonancias en otros países de la región. En el contexto actual, la oposición ha llamado a la unidad para defender los intereses del pueblo, mientras que el gobierno busca consolidar su agenda reformista. La tensión entre ambas facciones se intensifica con cada nuevo paso en este debate, lo que pone de manifiesto la importancia de la negociación en un contexto de polarización política.

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Kast asegura que Jara "jamás habría presentado" la reforma constitucional en seguridad - Diario y Radio Universidad Chile

Tras las declaraciones de parlamentarios, que aseguraron que habrían rechazado el proyecto en un gobierno de la militante del PC, el Mandatario sostuvo que no hay un compromiso con la seguridad de parte del sector de la excandidata.

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¿Cómo cambia Nicaragua tras la reforma electoral de Ortega y Murillo?

La reforma impulsada por Ortega y Murillo alarga los mandatos, retrasa las elecciones a 2028 y estrecha todavía más el espacio de la oposición.

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La reforma constitucional de 1949 y su enfoque en los derechos sociales

La reforma constitucional de 1949 marcó un hito fundamental en la historia política argentina al transformar el rol del Estado en la protección de los derechos sociales. Este cambio, impulsado por figuras como Arturo E. Sampay, introdujo una visión más amplia de los derechos, pasando de una concepción liberal individualista a una orientación hacia la justicia social y la igualdad. La nueva Constitución estableció derechos económicos y sociales, como los de los trabajadores, la familia, la educación y la cultura, otorgando al Estado la responsabilidad de promover el bien común. Este enfoque contrastaba con la Constitución de 1853, que limitaba el Estado a la abstención. La reforma permitió una intervención estatal en la economía y la sociedad, buscando equilibrar las fuerzas económicas y evitar la explotación de los grupos más vulnerables. La implementación de esta Constitución fue clave para el desarrollo de políticas sociales y económicas en la Argentina del siglo XX, consolidando un marco legal que aún hoy influye en la estructura política del país.

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Reforma en el Congreso para prohibir la doble nacionalidad a candidatos

La reforma constitucional propuesta prohíbe a los aspirantes a cargos públicos nacionales, como Presidente de la República o gobernadores, poseer doble nacionalidad. La iniciativa, remitida por el Ejecutivo a la Comisión Permanente del Congreso, establece que los candidatos deberán renunciar formalmente a su nacionalidad extranjera antes de registrarse en las elecciones. Esta renuncia no solo implica una declaración ante autoridades mexicanas, sino también acciones ante el Estado que otorgó la otra nacionalidad para garantizar la exclusividad del vínculo con México. El objetivo es asegurar lealtad exclusiva durante todo el ejercicio de la función pública, evitando que los líderes nacionales invocan derechos de otro país. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con el argumento de que la doble nacionalidad no es un problema en sí mismo, pero sí cuando se busca ejercer responsabilidades públicas vinculadas a la soberanía nacional. La medida busca evitar conflictos de lealtad y garantizar que los líderes estén plenamente comprometidos con México durante su mandato.

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Sheinbaum envía iniciativa para impedir doble nacionalidad a presidentes y gobernadores

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura, propuesta que todavía deberá ser discutida y aprobada por el Poder Legislativo.

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La Doctrina de la Doble Nacionalidad en México y Estados Unidos

La noticia aborda el debate generado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las lealtades de políticos con doble nacionalidad, un tema que se reabrió tras 30 años de resuelto. La reforma constitucional de 1997 permitió a los mexicanos conservar su ciudadanía al adquirir otra, protegiendo a millones en el extranjero. Sin embargo, la iniciativa actual de Sheinbaum se centra solo en cargos clave como la Presidencia, ignorando salvaguardas históricas. El artículo critica cómo esta discusión genera desconfianza entre mexicanos-estadounidenses y debilita a Morena en su confrontación con Estados Unidos. Se menciona el impacto de la política migratoria de Trump y se alude al caso del nieto de López Obrador, que podría contender por cargos en ambos países. La columna destaca la importancia de la reforma de Zedillo para evitar conflictos de lealtad y proteger a los connacionales perseguidos por autoridades estadounidenses.