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Acto de Petición de Perdón a las Supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer
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Funcionaria del Patronato de Liberados de Provincia condenada a prisión preventiva por presunta red de lavado de dinero
La justicia platense ha ordenado la prisión preventiva de Albertina Mangini, funcionaria del Patronato de Liberados del gobierno de Buenos Aires, acusada de integrar una red dedicada a la captación de identidades de personas vulnerables para abrir cuentas bancarias y lavar dinero proveniente de actividades ilegales, principalmente juegos de azar clandestinos. El juez de Garantías Agustín Crispo confirmó la medida, que también afecta a otros dos imputados: Mauro Perrotta, comerciante y titular de gimnasios Red Line, y Ignacio Leonel Marchioni, operador financiero. Según las investigaciones, Mangini, quien trabajaba en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados, se hacía pasar por funcionaria estatal para ofrecer a personas bajo supervisión judicial sumas cercanas a 80.000 pesos a cambio de sus datos personales y la apertura de cuentas bancarias o billeteras virtuales. Estas operaciones, que permitieron movilizar hasta 27.000 millones de pesos, se realizaban mediante técnicas de 'smurfing', que consisten en fraccionar operaciones bancarias sospechosas en múltiples transacciones de bajo monto para evitar alertas automáticas. Los imputados utilizaban identidades robadas para crear 'cuentas mulas' y dispersar fondos, empleando plataformas como Ualá, Mercado Pago y PayPal. Además, Marchioni operaba una pasarela de pago en Haz Pagos que movilizó más de 27.000 millones de pesos, mientras que Perrotta administraba un panel de juego clandestino. La fiscal Betina Lacki analiza pruebas que sugieren una estructura jerárquica en la red, con Mangini como responsable de la captación de datos biométricos. A pesar de los argumentos presentados por su defensa sobre problemas de salud y situación familiar, el juez rechazó un pedido de excarcelación. Mangini, quien está en tratamiento desde 2018, seguirá detenida en una celda del Servicio Penitenciario. La Justicia también ordenó inhibir todos los bienes de los imputados mientras dure el proceso.
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Funcionaria del Patronato de Liberados de Provincia condenada a prisión preventiva por presunta red de lavado de dinero
La justicia platense ha ordenado la prisión preventiva de Albertina Mangini, funcionaria del Patronato de Liberados del gobierno de Buenos Aires, acusada de integrar una red dedicada a la captación de identidades de personas vulnerables para abrir cuentas bancarias y lavar dinero proveniente de actividades ilegales, principalmente juegos de azar clandestinos. El juez de Garantías Agustín Crispo confirmó la medida, que también afecta a otros dos imputados: Mauro Perrotta, comerciante y titular de gimnasios Red Line, y Ignacio Leonel Marchioni, operador financiero. Según las investigaciones, Mangini, quien trabajaba en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados, se hacía pasar por funcionaria estatal para ofrecer a personas bajo supervisión judicial sumas cercanas a 80.000 pesos a cambio de sus datos personales y la apertura de cuentas bancarias o billeteras virtuales. Estas operaciones, que permitieron movilizar hasta 27.000 millones de pesos, se realizaban mediante técnicas de 'smurfing', que consisten en fraccionar operaciones bancarias sospechosas en múltiples transacciones de bajo monto para evitar alertas automáticas. Los imputados utilizaban identidades robadas para crear 'cuentas mulas' y dispersar fondos, empleando plataformas como Ualá, Mercado Pago y PayPal. Además, Marchioni operaba una pasarela de pago en Haz Pagos que movilizó más de 27.000 millones de pesos, mientras que Perrotta administraba un panel de juego clandestino. La fiscal Betina Lacki analiza pruebas que sugieren una estructura jerárquica en la red, con Mangini como responsable de la captación de datos biométricos. A pesar de los argumentos presentados por su defensa sobre problemas de salud y situación familiar, el juez rechazó un pedido de excarcelación. Mangini, quien está en tratamiento desde 2018, seguirá detenida en una celda del Servicio Penitenciario. La Justicia también ordenó inhibir todos los bienes de los imputados mientras dure el proceso.
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