#juicio

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Tribunal avala decisión de no promover a 4º de ESO a alumno con 6 suspensas y 34 días expulsado

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso presentado por una familia asturiana que demandaba a la Consejería de Educación por no permitir que su hijo pasara a 4º de ESO tras acumular seis asignaturas suspensas y 34 días lectivos de expulsión durante el curso 2024/2025. El menor, que cursaba 3º de ESO, había sido sancionado en varias ocasiones, lo que sumó 34 días de expulsión. Los padres argumentaron que la falta de materiales y seguimiento educativo durante las expulsiones había dejado al estudiante en una 'situación de desventaja no imputable al alumno', reclamando una indemnización por 'negligencia probada y graduada' por parte de la Administración. Sin embargo, el TSJA consideró acreditado que el profesorado continuó facilitando tareas, materiales y actividades mediante la aplicación 'Teams' y otros medios durante los periodos de expulsión, además de aplicar medidas de apoyo como un dictamen de escolarización, seguimiento por la Unidad de Conducta y adaptaciones curriculares. La sentencia señala que las medidas adoptadas por el centro educativo garantizaron la continuidad del proceso educativo, aunque no aseguraban un resultado académico específico. El tribunal también destacó que los padres no reclamaron en el plazo establecido las calificaciones de las tres materias que posteriormente cuestionaron. La Junta de Evaluación había acordado por unanimidad que el alumno no pasara de curso, considerando que seis asignaturas suspendidas representaban una carga demasiado elevada para recuperar mientras afrontaba las materias de 4º. Además, se señaló que varias materias suspendidas tenían carácter instrumental y que sus dificultades podrían afectar al seguimiento de otras asignaturas en el curso siguiente. El TSJA desestimó el recurso, mantuvo la decisión de no promoción y rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial, condenando a los padres al pago de las costas.

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ESMA: se reprogramó el inicio del juicio por el robo de bienes a los desaparecidos

El hijo de Emilio Eduardo Massera estará en el banquillo junto con integrantes del grupo de tareas.

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Tribunal avala decisión de no promover a 4º de ESO a alumno con 6 suspensas y 34 días expulsado

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso presentado por una familia asturiana que demandaba a la Consejería de Educación por no permitir que su hijo pasara a 4º de ESO tras acumular seis asignaturas suspensas y 34 días lectivos de expulsión durante el curso 2024/2025. El menor, que cursaba 3º de ESO, había sido sancionado en varias ocasiones, lo que sumó 34 días de expulsión. Los padres argumentaron que la falta de materiales y seguimiento educativo durante las expulsiones había dejado al estudiante en una 'situación de desventaja no imputable al alumno', reclamando una indemnización por 'negligencia probada y graduada' por parte de la Administración. Sin embargo, el TSJA consideró acreditado que el profesorado continuó facilitando tareas, materiales y actividades mediante la aplicación 'Teams' y otros medios durante los periodos de expulsión, además de aplicar medidas de apoyo como un dictamen de escolarización, seguimiento por la Unidad de Conducta y adaptaciones curriculares. La sentencia señala que las medidas adoptadas por el centro educativo garantizaron la continuidad del proceso educativo, aunque no aseguraban un resultado académico específico. El tribunal también destacó que los padres no reclamaron en el plazo establecido las calificaciones de las tres materias que posteriormente cuestionaron. La Junta de Evaluación había acordado por unanimidad que el alumno no pasara de curso, considerando que seis asignaturas suspendidas representaban una carga demasiado elevada para recuperar mientras afrontaba las materias de 4º. Además, se señaló que varias materias suspendidas tenían carácter instrumental y que sus dificultades podrían afectar al seguimiento de otras asignaturas en el curso siguiente. El TSJA desestimó el recurso, mantuvo la decisión de no promoción y rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial, condenando a los padres al pago de las costas.

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Juez Peinado se jubila tras abrir juicio contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

El juez Juan Carlos Peinado, conocido por su vinculación con el Partido Popular, se jubila esta semana tras haber abierto un juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia Provincial de Madrid, que ha corregido en múltiples ocasiones al juez, ha permitido que el proceso continúe, aunque retiró los delitos de corrupción en negocios y apropiación indebida. El caso ahora deberá ser asumido por una de las doce secciones penales restantes de la Audiencia, excluyendo la sección de Violencia sobre la Mujer y la XXIII, que ha estado liderando el proceso. La defensa de Gómez podría intentar evitar que el juicio se celebre alegando que el escrito de acusación presentado por la asociación ultraderechista Hazte Oír es defectuoso, ya que no recoge los hechos punibles concretos exigidos por la ley. La Fiscalía ha anunciado que pedirá la absolución de Gómez en sus conclusiones provisionales, que deberán presentarse en diez días. El juicio, que podría durar aproximadamente un año, se espera que se celebre antes de las elecciones generales, aunque el Gobierno espera que no se produzca hasta después de las elecciones. Los tiempos finales dependerán de la velocidad con la que el juez elegido resuelva las cuestiones previas y seleccione las pruebas para el jurado. Este caso refleja la tensión entre el Gobierno y la Justicia, ya que las causas contra Gómez y Zapatero han separado aún más al Ejecutivo de los órganos judiciales.

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Juez Peinado se jubila tras abrir juicio contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

El juez Juan Carlos Peinado, conocido por su vinculación con el Partido Popular, se jubila esta semana tras haber abierto un juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia Provincial de Madrid, que ha corregido en múltiples ocasiones al juez, ha permitido que el proceso continúe, aunque retiró los delitos de corrupción en negocios y apropiación indebida. El caso ahora deberá ser asumido por una de las doce secciones penales restantes de la Audiencia, excluyendo la sección de Violencia sobre la Mujer y la XXIII, que ha estado liderando el proceso. La defensa de Gómez podría intentar evitar que el juicio se celebre alegando que el escrito de acusación presentado por la asociación ultraderechista Hazte Oír es defectuoso, ya que no recoge los hechos punibles concretos exigidos por la ley. La Fiscalía ha anunciado que pedirá la absolución de Gómez en sus conclusiones provisionales, que deberán presentarse en diez días. El juicio, que podría durar aproximadamente un año, se espera que se celebre antes de las elecciones generales, aunque el Gobierno espera que no se produzca hasta después de las elecciones. Los tiempos finales dependerán de la velocidad con la que el juez elegido resuelva las cuestiones previas y seleccione las pruebas para el jurado. Este caso refleja la tensión entre el Gobierno y la Justicia, ya que las causas contra Gómez y Zapatero han separado aún más al Ejecutivo de los órganos judiciales.

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Florencia Peña revela que su hijo Juan Otero fue víctima de extorsión y amenazas a los 14 años

La actriz Florencia Peña ha decidido romper el silencio sobre un oscuro episodio que vivió su hijo Juan Otero cuando tenía 14 años. Según informa Clarín, el adolescente fue objeto de amenazas y extorsión por parte de una joven llamada Candela y su madre, Luján Muñoz, quienes utilizaban información privada de Juan para presionarlo a entregar dinero. El caso comenzó hace aproximadamente cuatro años, cuando la familia de Peña se mudó a un barrio privado de Pilar llamado 'Los Puentes'. Allí, Juan entabló una amistad con Candela, una joven de 17 o 18 años, pero la situación se complicó cuando comenzaron a desaparecer objetos de la casa de los Peña, primero pequeños y de poco valor, como adornos y ropa, y luego se incrementaron los gastos en la tarjeta de crédito de la actriz. Al descubrir los gastos no autorizados, Florencia Peña inició una investigación y Juan le confesó que estaba siendo amenazado y extorsionado por Candela y su madre. La actriz, al no obtener respuesta de la familia de Candela, decidió llevar el caso a la Justicia con la representación de su abogado Fernando Burlando. Durante el proceso, Peña también recibió amenazas desde una cuenta anónima que intentaba extorsionarla con información obtenida desde su hogar. Los investigadores de ciberdelitos lograron rastrear la dirección IP de los mensajes a la vivienda de la familia involucrada. El proceso judicial, que involucró denuncias por robos, amenazas y extorsión, concluyó con una sentencia hace aproximadamente un mes. El caso ha permanecido en reserva durante años para proteger a Juan, quien hoy tiene 18 años. La actriz ha decidido hacerlo público a través de LAM (América TV), destacando la importancia de abordar estos casos de manera responsable y protegiendo a las víctimas.

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Nueve detenidos por incidentes en el Congreso durante debate de la Ley Bases serán juzgados en juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal, mediante la intervención del juez Gustavo Hornos, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, uno de los nueve detenidos por los graves incidentes ocurridos en las cercanías del Congreso Nacional durante la aprobación de la Ley Bases. El recurso buscaba evitar el juicio oral y público, solicitando una probation en su lugar. La defensa de Ortiz había propuesto una reparación económica de $250.000 y tareas comunitarias como alternativa, pero tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado de la Nación, actuando como querellante, se opusieron a dicha propuesta. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal confirma que el caso continuará hacia el juicio oral y público, estableciendo un precedente para los otros ocho procesados. Los hechos en cuestión ocurrieron el 12 de junio de 2024, cuando manifestantes y fuerzas de seguridad enfrentaron en las inmediaciones del Congreso, con lanzamiento de piedras, botellas, vehículos incendiados, vandalismo y heridos en las fuerzas de seguridad. En total, 33 personas fueron detenidas, de las cuales nueve, incluido Ortiz, llegaron a juicio. Ortiz, identificado como vendedor ambulante sin antecedentes penales, está acusado de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado. Según el requerimiento de elevación a juicio, el 12 de junio de 2024, alrededor de las 20.50, en la intersección de Rivadavia y Callao, habría agredido al personal policial con golpes de puño y puntapiés para impedir la liberación de la calzada, suscitar tumultos y ejercer violencia contra funcionarios públicos. El juez Hornos reiteró que el derecho a la protesta social no es absoluto y que su amparo constitucional no legitima actos de violencia, daños o intimidación pública. La decisión de no habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema, con costas, confirma que Ortiz deberá afrontar el juicio oral y público por su presunta intervención en los hechos ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases. Este caso refleja la tensión entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público, destacando la importancia de resolver conflictos a través de canales legales y pacíficos.

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Moncloa denuncia 'lawfare' contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, tras apertura de juicio oral

El Gobierno español ha reiterado su posición de que la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, constituye una persecución judicial motivada por su condición de mujer del mandatario. En un comunicado emitido por Moncloa, se afirma que la causa judicial ha sido marcada por 'intención política, acoso y deshumanización', calificando la instrucción como 'arbitraria e injusta'. Las fuentes gubernamentales destacan que la inocencia de Begoña Gómez ha quedado 'clara y demostrada' desde el inicio de la investigación, y confían en que el jurado será 'ecuánime' durante el proceso judicial. Además, se señala que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir el juicio oral coincide con un viaje internacional del presidente Sánchez, lo que se considera una estrategia para generar presión política. Los socialistas, representados por Luis Ángel Sanz, han criticado que la causa se originó a partir de una denuncia de una organización ultraderechista basada en recortes de prensa, y que ha perdido acusaciones a lo largo del tiempo. La Fiscalía, según el Gobierno, ha mantenido una postura contraria a la existencia de indicios suficientes para continuar el procedimiento. Se recuerda que decisiones similares del juez Peinado han coincidido con eventos internacionales relevantes para el presidente, como la Asamblea General de Naciones Unidas, la cumbre de la OTAN o el G20. El Ejecutivo insiste en que la apertura del juicio no cambia la verdad de que se trata de una persecución política, y que la mujer del presidente ha sido sometida a un 'telediario permanente' durante más de dos años con el objetivo de desgastar políticamente al mandatario. El Gobierno también señala que varias decisiones del juez han sido corregidas por la Audiencia Provincial, incluida la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. En resumen, el Ejecutivo defiende que la causa judicial es una estrategia para atacar al presidente del Gobierno a través de su esposa, y que no tiene fundamento legal ni moral.

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Juez envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, por tráfico de influencias y malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que decide enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Según el auto, el magistrado considera acreditado indiciariamente que Gómez se apropió de un software de la Universidad Complutense de Madrid, apoyó a la consultora Barrabés para que obtuviera contratos públicos y utilizó a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez Rodríguez, en beneficio propio. La defensa de Gómez había cuestionado la validez del escrito acusatorio presentado por Hazte Oír, argumentando que no cumplía con los requisitos para abrir un juicio oral, ya que incluía referencias a atestados policiales y declaraciones de la instrucción. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa, pero Hazte Oír, que reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, insistió en la apertura del juicio. El juez Peinado, cuya jubilación está prevista para el 27 de septiembre, ha sido criticado por su lenguaje en el auto, en el que compara la conducta de Gómez con regímenes absolutistas, mencionando el reinado de Fernando VII. El PSOE ha reaccionado con dureza, acusando al juez de pretender su 'último servicio a la patria' antes de jubilarse y cuestionando la coincidencia de la decisión con el viaje internacional de Sánchez. El auto también ordena investigar la capacidad económica de Gómez y solicita sus últimas declaraciones de renta a Hacienda. La noticia ha generado amplias reacciones en redes sociales, con periodistas como Cristina P. Marcote destacando que el escrito acusatorio era jurídicamente defectuoso y no podía abrir el juicio oral.

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Moncloa denuncia 'lawfare' contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, tras apertura de juicio oral

El Gobierno español ha reiterado su posición de que la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, constituye una persecución judicial motivada por su condición de mujer del mandatario. En un comunicado emitido por Moncloa, se afirma que la causa judicial ha sido marcada por 'intención política, acoso y deshumanización', calificando la instrucción como 'arbitraria e injusta'. Las fuentes gubernamentales destacan que la inocencia de Begoña Gómez ha quedado 'clara y demostrada' desde el inicio de la investigación, y confían en que el jurado será 'ecuánime' durante el proceso judicial. Además, se señala que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir el juicio oral coincide con un viaje internacional del presidente Sánchez, lo que se considera una estrategia para generar presión política. Los socialistas, representados por Luis Ángel Sanz, han criticado que la causa se originó a partir de una denuncia de una organización ultraderechista basada en recortes de prensa, y que ha perdido acusaciones a lo largo del tiempo. La Fiscalía, según el Gobierno, ha mantenido una postura contraria a la existencia de indicios suficientes para continuar el procedimiento. Se recuerda que decisiones similares del juez Peinado han coincidido con eventos internacionales relevantes para el presidente, como la Asamblea General de Naciones Unidas, la cumbre de la OTAN o el G20. El Ejecutivo insiste en que la apertura del juicio no cambia la verdad de que se trata de una persecución política, y que la mujer del presidente ha sido sometida a un 'telediario permanente' durante más de dos años con el objetivo de desgastar políticamente al mandatario. El Gobierno también señala que varias decisiones del juez han sido corregidas por la Audiencia Provincial, incluida la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. En resumen, el Ejecutivo defiende que la causa judicial es una estrategia para atacar al presidente del Gobierno a través de su esposa, y que no tiene fundamento legal ni moral.