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Ponencia del presupuesto 2027 incluye recorte de $170 mil millones para la JEP

La ponencia del presupuesto para el año 2027, ya lista para su primer debate, incluye un recorte de $170 mil millones destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según confirmó el senador uribista Carlos Meisel. De este monto, $100.000 millones serán transferidos a la justicia ordinaria y los $70.000 millones restantes se destinarán al sector deportivo. Este recorte representa un 70% más que el previsto inicialmente, lo que ha generado preocupación entre los defensores de la JEP. El senador Meisel señaló que existe un 'gran consenso en la reducción de la JEP' y que se debe 'anunciar al país con claridad' la redistribución de los recursos hacia otras inversiones consideradas prioritarias por el gobierno. El plazo para aprobar la ponencia en su primer debate finaliza el 25 de septiembre. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha realizado reuniones con varios congresistas para defender los resultados del tribunal en los últimos ocho años. Además, Ramelli envió una carta a la Corte Penal Internacional alertando sobre 'el más grave ataque' que pone en riesgo el funcionamiento de la JEP. El Pacto Histórico también ha respaldado públicamente a Ramelli, exigiendo que se garantice, como mínimo, la asignación presupuestal inicialmente radicada por el gobierno para cumplir con el mandato de la JEP. La ponencia mantiene el monto total del presupuesto en $634,952 billones, pero plantea cambios en la distribución de los recursos, como un aumento de $2 billones para Salud, $99.100 millones para Deporte y $100 mil millones para la Rama Judicial, mientras que Hacienda y Planeación sufren reducciones de $2 billones y $13.500 millones respectivamente. Estos movimientos presupuestales han generado un debate intenso sobre el futuro de la JEP y su capacidad para continuar con las investigaciones y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y justicia.

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Presupuesto 2027 recorta recursos de la JEP, suspenden plan piloto de aspersión de coca y militarizan Santa Marta

La Silla Vacía presenta un resumen de los acontecimientos clave del 22 de septiembre de 2026 en Colombia. El presupuesto general de la Nación para 2027 incluye una ponencia que propone recortar más de $170 mil millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), redistribuyendo esos recursos hacia el deporte y la Rama Judicial. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, busca apoyo parlamentario y advierte que el recorte amenaza el funcionamiento del tribunal ante la Corte Penal Internacional. Por otro lado, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa suspendió temporalmente el plan piloto de aspersión aérea de coca con glufosinato de amonio en Putumayo, ordenando no iniciar fumigaciones hasta que el gobierno demuestre el cumplimiento de requisitos legales, ambientales y constitucionales. La medida responde a diez tutelas que alertaron sobre riesgos para la salud, el ambiente y la participación comunitaria. En Santa Marta, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia militar y policial tras un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que impuso cierres de comercios y restricciones al transporte tras un operativo que dejó siete muertos, incluido alias 'Cholo'. Además, el gobierno revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, retirando una figura asociada a la política de paz total del anterior gobierno. Por último, los quince países del Escudo de las Américas acordaron reforzar medidas contra 24 organizaciones terroristas, incluyendo el ELN, disidencias y el Clan del Golfo, con acciones como congelamiento de activos, restricciones de visas y persecución judicial. Colombia fue representada por el vicepresidente José Manuel Restrepo en esta iniciativa liderada por Donald Trump.

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Gobierno colombiano retira candidatura de Carolina Olarte para la Corte Penal Internacional

El gobierno colombiano retiró la candidatura de la abogada Carolina Olarte Bácares para ser magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI), según informó la propia aspirante. Olarte era la única candidata del grupo latinoamericano y caribeño para ocupar uno de los seis puestos de magistrados que la CPI elegirá en diciembre, con mandatos hasta 2036. La exembajadora en Países Bajos indicó que no recibió explicación oficial sobre la decisión y se enteró por un representante permanente de otro Estado. Destacó que había obtenido una de las calificaciones más altas en el proceso de selección. Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las Farc por violencia sexual y de género cometida en el norte del Cauca y sur del Valle. Este caso forma parte del macrocaso 05, que investiga violaciones de derechos humanos en una región marcada por la disputa territorial. La Sala documentó 68 hechos contra 35 víctimas en 17 municipios. Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer responsabilidad; de no hacerlo, enfrentarían un proceso adversarial ante la JEP. Además, CNN, Politico y MS Now demandaron al presidente Donald Trump tras perder acceso a la Casa Blanca por la cobertura periodística sobre su gobierno, alegando que la medida vulnera la Primera Enmienda de Estados Unidos. Los medios sostuvieron que el Ejecutivo no puede retirar derechos de prensa por desacuerdo con sus contenidos. ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC suspendieron su cobertura televisada del presidente en solidaridad. En otro tema, Tania Gilinski figura como próxima embajadora de Colombia en Israel, lo que coincide con el restablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas durante el gobierno de Gustavo Petro, y con la reanudación de la exención de visados entre ambos países. Gilinski es hermana del empresario Jaime Gilinski e hija del exembajador Isaac Gilinski Sragowicz. El vicepresidente José Manuel Restrepo continúa en Nueva York la agenda de Colombia ante la Asamblea General de la ONU con una reunión bilateral con el presidente dominicano Luis Abinader, además de otros encuentros con organismos internacionales y empresarios. Estas actividades buscan promover cooperación regional, seguridad, inversión y vínculos con la banca multilateral.

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Familias de víctimas critican sanciones restaurativas de la JEP por secuestro en Huila

Las familias de víctimas del conflicto armado en Huila expresaron su descontento con las sanciones restaurativas impuestas a excomandantes de las Farc por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que estas no abordan la búsqueda de la verdad sobre los secuestros y desapariciones que dejaron 21 mil víctimas. Según testimonios recogidos por el Diario del Huila, los excomandantes Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel deberán realizar labores operativas en el cementerio San Antonio de Padua en Pitalito, Huila, como parte de las sanciones restaurativas. Sin embargo, las familias consideran que estas actividades, como preparar el terreno y hacer excavaciones manuales, no responden a sus principales demandas: conocer la ubicación de las personas desaparecidas y obtener información sobre los hechos. Edna Rocío Pinto Serrato, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado del Huila, señaló que "para nosotros, una medida restaurativa es que ellos puedan decir la verdad: ¿dónde están? ¿Dónde están las personas que desaparecieron?". Las familias también reclaman la construcción de una Casa de la Memoria Histórica para el Huila, mejoras en educación, vivienda, empleo, salud, tierras e infraestructura para las comunidades afectadas, y una mayor participación en las discusiones sobre el conflicto. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Ubpd) ya ha realizado cuatro fases de búsqueda en el cementerio desde 2024, encontrando 54 cuerpos a julio de 2026. Sin embargo, las víctimas insisten en que encontrar los cuerpos no es suficiente; necesitan saber qué pasó con sus seres queridos. La JEP, que enfrenta amenazas de 'naufragio' por proyectos en el Congreso que buscan 'asfixiar' su funcionamiento, ha comenzado a aplicar estas sanciones tras declarar al antiguo secretariado de las Farc como máximo responsable de una política de secuestros. La Unidad de Búsqueda señala que el cementerio San Antonio de Padua concentra más de un centenar de personas sin identificar, muchas de ellas fallecidas durante el conflicto antes de 2016. Las familias insisten en que una sanción restaurativa debe responder a las víctimas y a los hechos por los que los excomandantes están siendo sancionados.

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JEP imputa a cinco excomandantes de FARC por violencia sexual en Cauca y Valle

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a cinco excomandantes de las exFARC por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con violencia sexual y otras formas de violencia basada en género cometidas en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los imputados, conocidos por los alias de 'Calixto', 'Ricardo', 'Jaime Barragán', 'Monín' y 'Leonel Paz', enfrentan cargos por violación, persecución por motivos de género y otras formas de violencia sexual, así como por crímenes de tortura y ultrajes contra la dignidad personal. La Sala de Reconocimiento de la JEP documentó 68 hechos atribuidos a las FARC contra 35 víctimas, de las cuales 30 eran civiles y 5 pertenecían a la guerrilla. Estos hechos se concentraron en 17 municipios, especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao (Cauca) y Florida (Valle). La JEP destacó que la violencia sexual produjo daños que trascendieron los hechos mismos, afectando la salud física y reproductiva, generando estigmatización, perdiendo oportunidades sociales y económicas, rompiendo familias y provocando nuevos desplazamientos. Además, se resaltaron daños colectivos a las comunidades étnicas y persecución contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas. Los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer o no su responsabilidad en los hechos y responder a las víctimas. Si reconocen, seguirán la ruta hacia una eventual sanción propia. Si no lo hacen, los casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y a la ruta de ausencia de reconocimiento con un juicio adversarial. Paralelamente, la JEP alertó sobre un ataque 'más grave' contra su funcionamiento, refiriéndose a proyectos de ley en el Congreso que buscan trasladar recursos presupuestales de la JEP a la Judicatura y permitir revisión automática de sentencias contra militares por parte de la justicia penal militar. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, envió una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) alertando sobre el riesgo de que se ponga en peligro el funcionamiento del tribunal, señalando que el gobierno de Abelardo de la Espriella está incumpliendo compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano tras la firma de los acuerdos de paz.

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Recorte a la JEP: De la Espriella defiende reducción presupuestal para 2027

El recorte a la JEP previsto para 2027 fue defendido por Abelardo de la Espriella, quien aseguró que busca priorizar recursos para la justicia ordinaria.

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JEP presenta avances en su gestión mientras el gobierno justifica recorte presupuestal

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha presentado cifras sobre su gestión en respuesta a las críticas del gobierno sobre el presupuesto asignado. El presidente Abelardo de la Espriella justificó, a través de su cuenta en X, la decisión de apoyar una propuesta para reducir el presupuesto de la JEP, señalando que el monto asignado para 2027 es de 821.803 millones de pesos, frente a los 947.642 millones solicitados por la entidad. De la Espriella argumentó que la Rama Judicial ordinaria requiere más recursos para funcionar eficazmente, en lugar de aumentar el presupuesto de la JEP. Por su parte, el residente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que los proyectos de reforma propuestos, incluyendo uno del senador Enrique Gómez que busca trasladar 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP a la Judicatura, y otro de reforma constitucional para revisión automática de sentencias contra militares, llevarían a un desfinanciamiento total de 185 mil millones de pesos, lo que impediría el funcionamiento de la JEP. La JEP respondió con datos sobre su gestión, destacando que cerca del 92 % de los imputados identificados como máximos responsables han reconocido su responsabilidad ante las víctimas y el país, y que ha devuelto la tranquilidad a miles de familias al entregar 296 cuerpos y intervenir en lugares como La Escombrera en Medellín. El debate refleja la tensión entre el gobierno y la JEP en torno al financiamiento y la operación de esta entidad especializada en la justicia de paz en Colombia.

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De la Espriella cuestiona salario mensual del presidente de la JEP en debate presupuestal

El presidente Abelardo de la Espriella ha respondido al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, cuestionando los ingresos mensuales del magistrado, que ascienden a más de 55 millones de pesos. Este comentario se produjo en el contexto de una discusión sobre el presupuesto de la JEP, donde el mandatario destacó que Ramelli pasó de recibir aproximadamente 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones actuales tras asumir la presidencia de la JEP. Además, De la Espriella señaló que Ramelli ha acumulado alrededor de 4.500 millones de pesos desde que es magistrado de la JEP. El presidente argumentó que la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos desde 2018 y cuestionó la solicitud de más recursos mientras el país enfrenta restricciones fiscales. De la Espriella sostuvo que la independencia judicial no implica que los gastos de una institución pública queden fuera del control y la rendición de cuentas, y defendió la necesidad de revisar el presupuesto de la JEP. El Gobierno respalda una propuesta para reducir en 100.000 millones de pesos los recursos solicitados por la JEP para 2027 y destinar ese dinero a la Rama Judicial ordinaria. Ramelli había advertido sobre una posible afectación al funcionamiento y la independencia de la JEP debido a las discusiones presupuestales, pero De la Espriella rechazó esa interpretación, afirmando que discutir el presupuesto es parte de las funciones constitucionales del Gobierno y el Congreso. El mandatario también mencionó que la nómina de la JEP para 2026 fue estimada en 404.477 millones de pesos, reforzando su argumento de que la institución debe explicar cómo utiliza los recursos públicos que recibe.