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El Gobierno de Moreno recurrirá ante el Constitucional el decreto Maricarmen que suspende los desahucios a personas vulnerables
El Gobierno andaluz, liderado por Juan Manuel Moreno, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de vivienda conocido como 'decreto Maricarmen', que suspende los desahucios a personas vulnerables hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Este decreto, aprobado recientemente, establece que en caso de que las administraciones no puedan proporcionar una vivienda alternativa a personas en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario, siempre que los propietarios sean particulares y no grandes tenedores. Además, el decreto prevé que la protección contra desahucios no se aplicará a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. El decreto ha generado controversia, ya que el Gobierno andaluz considera que excede sus competencias y viola la autonomía de las comunidades autónomas. La medida se enmarca en una estrategia para proteger a los inquilinos vulnerables, pero ha sido criticada por los propietarios y por el sector inmobiliario, que argumentan que podría generar un desequilibrio en el mercado. El decreto Maricarmen, que lleva el nombre de la consejera de Vivienda, Maricarmen Sánchez, ha sido objeto de debate político, con el Partido Popular, que gobierna en Andalucía, enfrentándose a la posición del Gobierno central. La decisión de recurrir ante el Constitucional refleja la tensión entre el Gobierno andaluz y el Estado en materia de vivienda y políticas sociales. El decreto también incluye una figura innovadora llamada 'enervación extraordinaria', que busca resolver conflictos de vivienda de manera estructural. Este mecanismo permite que las administraciones cubran el impago de deudas de inquilinos vulnerables para evitar desahucios, siempre que los propietarios sean particulares. La medida ha sido bien recibida por organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos, pero ha generado preocupación entre los propietarios, que temen que se convierta en una práctica generalizada. El Gobierno andaluz ha defendido que el decreto es necesario para garantizar el derecho a la vivienda, un derecho fundamental reconocido en la Constitución española. Sin embargo, el recurso ante el Constitucional podría demorar la aplicación del decreto y generar incertidumbre en el sector inmobiliario. La situación refleja un conflicto más amplio entre las políticas sociales progresistas y las preocupaciones económicas de los sectores inmobiliarios y de los propietarios. El debate sobre el decreto Maricarmen es un ejemplo de cómo las políticas de vivienda pueden ser un punto de fricción entre diferentes niveles de gobierno en España.
