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Política de paz en Colombia enfrenta cambios por influencia de estrategia de seguridad estadounidense y decisiones judiciales
La política de paz en Colombia se encuentra en una coyuntura delicada, condicionada en gran medida por lineamientos internacionales, en especial la estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos (NSS 2025), promulgada por el presidente Donald Trump el 25 de noviembre de 2025. Según lo analizado en El Espectador, la decisión estadounidense de priorizar su influencia global y el lema 'América primero' ha permeado directamente las decisiones del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, impactando la agenda nacional de seguridad y la continuidad de los acuerdos de paz. A estas circunstancias externas se suma que, de acuerdo con el artículo, la política de seguridad y la nueva ofensiva militar están desmarcadas del Acuerdo de Paz de 2016 alcanzado en La Habana. Ese acuerdo, además de buscar la transformación estructural del conflicto, apostaba por cerrar brechas territoriales, la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Junto a estos elementos, el acuerdo planteaba componentes de protección a la vida política y social, estructurados en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Siseg). Sin embargo, el enfoque actual prioriza el desmantelamiento de estructuras armadas bajo lógicas militares antes que una aproximación integral y de justicia social. La decisión del gobierno de la Espriella de suspender por completo los diálogos de paz –resalta El Espectador– deja en el aire la continuidad de la política acordada, sujetando la definición de la hoja de ruta nacional a lo que determinen tanto Washington como los altos tribunales colombianos, como la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este viraje choca con los compromisos asumidos con la comunidad internacional, las víctimas y los firmantes de paz, mientras las recientes operaciones militares, incluyendo bombardeos con víctimas menores de edad, reavivan el debate ético sobre el costo de continuar la confrontación armada. Por otro lado, la integración de Colombia al Escudo de las Américas –ligada al Partido Republicano estadounidense y la doctrina Monroe– inserta la política de defensa en un contexto geopolítico regional, desplazando la agenda interna de reconciliación. La estrategia militar cobra fuerza en detrimento de los mecanismos civiles e institucionales que se venían construyendo, como la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Reincorporación, entidades que han consolidado avances en programas productivos y alternativas para los firmantes de paz. Aunque el nuevo gobierno propuso cerrar la Unidad de Implementación, quienes defienden el acuerdo reiteran que la institucionalidad surgida de La Habana ha sido constitucionalizada y no se debe desmantelar, tal como ordenó la Corte Constitucional mediante el Auto 1417 de 2025, que obliga a cumplir con la implementación pactada. De cara al décimo aniversario del acuerdo, la pregunta sigue siendo cómo balancear las presiones externas y garantizar mecanismos que aseguren la inclusión y el bienestar de los excombatientes, sin perder de vista la centralidad de las víctimas y el cierre del conflicto.
