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Nueve detenidos por incidentes en el Congreso durante debate de la Ley Bases serán juzgados en juicio oral
La Cámara Federal de Casación Penal, mediante la intervención del juez Gustavo Hornos, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, uno de los nueve detenidos por los graves incidentes ocurridos en las cercanías del Congreso Nacional durante la aprobación de la Ley Bases. El recurso buscaba evitar el juicio oral y público, solicitando una probation en su lugar. La defensa de Ortiz había propuesto una reparación económica de $250.000 y tareas comunitarias como alternativa, pero tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado de la Nación, actuando como querellante, se opusieron a dicha propuesta. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal confirma que el caso continuará hacia el juicio oral y público, estableciendo un precedente para los otros ocho procesados. Los hechos en cuestión ocurrieron el 12 de junio de 2024, cuando manifestantes y fuerzas de seguridad enfrentaron en las inmediaciones del Congreso, con lanzamiento de piedras, botellas, vehículos incendiados, vandalismo y heridos en las fuerzas de seguridad. En total, 33 personas fueron detenidas, de las cuales nueve, incluido Ortiz, llegaron a juicio. Ortiz, identificado como vendedor ambulante sin antecedentes penales, está acusado de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado. Según el requerimiento de elevación a juicio, el 12 de junio de 2024, alrededor de las 20.50, en la intersección de Rivadavia y Callao, habría agredido al personal policial con golpes de puño y puntapiés para impedir la liberación de la calzada, suscitar tumultos y ejercer violencia contra funcionarios públicos. El juez Hornos reiteró que el derecho a la protesta social no es absoluto y que su amparo constitucional no legitima actos de violencia, daños o intimidación pública. La decisión de no habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema, con costas, confirma que Ortiz deberá afrontar el juicio oral y público por su presunta intervención en los hechos ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases. Este caso refleja la tensión entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público, destacando la importancia de resolver conflictos a través de canales legales y pacíficos.